El Gobierno aprobó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados públicos: quiénes pueden acceder y cuánto cobrarán

El Gobierno nacional aprobó un nuevo régimen de retiro voluntario destinado a empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, con el objetivo de establecer un mecanismo de desvinculación laboral mediante compensaciones económicas. La medida fue oficializada este lunes 19 de octubre a través del Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La normativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, establece que podrán adherirse los trabajadores de planta permanente comprendidos en la Ley 25.164 y aquellos vinculados mediante contratos por tiempo indeterminado.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el período de inscripción comenzará el 1 de noviembre y finalizará el 30 del mismo mes. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública será la autoridad encargada de implementar el programa y podrá disponer, por única vez, una prórroga de hasta 30 días corridos.

El decreto también establece que los organismos alcanzados deberán eliminar los cargos presupuestarios correspondientes a los empleados que acepten el retiro voluntario, una vez que se concrete la finalización de la relación laboral.

El régimen contempla tres grupos de trabajadores, con diferentes modalidades de compensación económica según la edad, la antigüedad y la situación previsional.

El primer grupo comprende a mujeres de 58 años o más y hombres de 63 años o más que todavía no reúnan los aportes necesarios para acceder a la jubilación ordinaria.

Estos empleados podrán optar por cobrar mensualmente el 60% de su remuneración bruta habitual durante un máximo de 36 meses o hasta completar los requisitos jubilatorios, lo que ocurra primero. Durante ese período se mantendrán los aportes y contribuciones previsionales y de obra social correspondientes.

Como alternativa, podrán recibir una gratificación única equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un límite de 18 remuneraciones. El monto tampoco podrá superar el equivalente a los meses que resten para reunir las condiciones jubilatorias.

El segundo grupo incluye a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes jubilatorios.

En estos casos, la compensación será equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un máximo de 18 remuneraciones y el límite adicional relacionado con el tiempo restante para alcanzar los requisitos jubilatorios.

Además, estos trabajadores recibirán una suma adicional equivalente a cinco sueldos brutos, independientemente de su antigüedad.

El tercer grupo estará integrado por mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años.

Para estos empleados, la gratificación será equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un máximo de 20 remuneraciones.

A esa compensación se agregarán cuatro sueldos brutos para quienes tengan menos de 15 años de antigüedad en planta permanente, mientras que aquellos que acrediten 15 años o más recibirán cinco remuneraciones adicionales.

La normativa también establece una serie de restricciones para acceder al beneficio. No podrán adherirse los empleados procesados por delitos contra la Administración Pública Nacional, salvo que obtengan una resolución judicial absolutoria firme antes del cierre del período de inscripción.

Tampoco podrán hacerlo quienes estén sometidos a sumarios administrativos por hechos que puedan derivar en cesantía o exoneración, o tengan pendientes procedimientos disciplinarios por faltas de esa gravedad.

Quedarán excluidos, además, los trabajadores que hayan iniciado reclamos administrativos o acciones judiciales contra el Estado nacional vinculados con su relación laboral, salvo que desistan formalmente de esos procesos. La restricción no alcanza a las acciones relacionadas con la Ley de Riesgos del Trabajo.

El régimen tampoco estará disponible para quienes hayan iniciado trámites jubilatorios, reúnan los requisitos para acceder a una prestación previsional ordinaria, tengan una renuncia pendiente de aceptación o se encuentren en situación de disponibilidad durante la vigencia del programa.

Con esta medida, el Gobierno nacional incorpora un nuevo mecanismo de retiro voluntario dentro de la Administración Pública centralizada. La cantidad de trabajadores que finalmente accedan al régimen dependerá de las solicitudes presentadas y del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa.

La adhesión estará habilitada durante noviembre y los organismos nacionales deberán aplicar las disposiciones administrativas necesarias para concretar las desvinculaciones y la eliminación de los cargos correspondientes.